La Ley de Género española ya fue denunciada en Bruselas por su orientación totalitaria.

10 enero, 2011

Hay algunas noticias del anterior año que deberían estar presente más a menudo. Esta es una de ellas, en la que se alude directamente a que la normativa española en esta materia viola el principio fundamental de inocencia. Y es que todos sabemos que por el simple hecho de ser denunciado por su pareja, sin prueba alguna, el hombre se ve obligado a pasar en el menor de los casos, una noche en el calabozo, quedando estigamtizado de por vida.

Medio centenar de asociaciones en defensa de la custodia compartida de toda España remitieron hoy sendas cartas a las distintas instituciones europeas para denunciar que la Ley Integral contra la Violencia de Género  quebranta de forma indirecta los derechos de igualdad y presunción de inocencia.

En el texto reclaman que una denuncia por malos tratos no implique que se descarte la custodia compartida sin esperar al juicio ni a la sentencia -como prevé la ley- pues va “contra la presunción de inocencia” y constituye “el origen de la proliferación de denuncias falsas”.

Para los firmantes la nueva legislación civil fruto del encaje de la Ley Integral de Violencia de Género “conlleva una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los hombres, pero también de las mujeres”.

En esa línea, se afirma que la ley aprobada por el Gobierno para dar respuesta a la violencia doméstica tiene “una clara inspiración totalitaria”.

En otro punto se denuncia que “en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas y no se permite el acceso a los hombres a las políticas llamadas de género”.

Finalmente, apuntan “observar con estupor” cómo la Presidencia española “pretende aprovechar su momento parageneralizar a Europa políticas llamadas de género” que, según la carta, “se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y lesivas para los Derechos Humanos”.

Las federaciones, que no descartan interponer un recurso ante el Tribunal General de Justicia de la UE, han remitido una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que abra una investigación.



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