Cuando más del 12% del total de reclusos en las cárceles españolas lo son por aplicación de la Ley de Violencia de Género, cuando esta norma acumula más de doscientos recursos de inconstitucionalidad -algo insólito en la historia de nuestra democracia-, cuando prestigiosos juristas afirman que dicha ley viola el principio constitucional de igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, cabe concluir que algo muy grave está ocurriendo. Una de cada cuatro separaciones se articula a través de denuncias por "malos tratos". "Y me pregunto, como me decía no hace mucho un parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya sobre la Ley de Violencia de Género: ¿Quién narices se iba a oponer a su aprobación? Si lo hacías, eras un cadáver político.


